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La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, resalta el alto grado de apoyo al anteproyecto de la nueva ley educativa ante las comunidades autónomas

09/01/2019

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, resalta el alto grado de apoyo al anteproyecto de la nueva ley educativa ante las comunidades autónomas
  • Isabel Celaá ha presidido este miércoles la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, la segunda desde que es ministra
  • Al encuentro han asistido los responsables educativos de todas las comunidades autónomas
  • La ministra de Educación y FP ha resaltado tres principios clave de esta reforma educativa: el refuerzo de la educación infantil, la transversalidad de la coeducación y la personalización del aprendizaje
  • El anteproyecto incorporará las propuestas de comunidades y organizaciones educativas en las próximas semanas, antes de que vuelva al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley e inicie su tramitación parlamentaria

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha presidido este miércoles la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, la segunda desde que es ministra. Al encuentro, celebrado en la sede del ministerio, han asistido los responsables educativos de todas las comunidades autónomas, entre ellos los de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Galicia.

La ministra ha presentado a los responsables autonómicos el anteproyecto de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) y se deroga la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Este anteproyecto fue llevado al Consejo de Ministros en primera lectura el pasado 14 de diciembre. También se ha sometido al trámite de audiencia e información pública y ha sido debatido en el Pleno del Consejo Escolar del Estado.

“Durante la consulta pública del texto recibimos 43.600 correos individuales que hemos analizado en su totalidad. En el segundo plazo de tramitación nos mandaron sus aportaciones 40 organizaciones sociales, que hemos estudiado. En la Comisión General del 11 de diciembre recogimos las propuestas de los Directores Generales de las comunidades autónomas, que hemos ido incorporando al anteproyecto en los mayoría de los casos. Y ayer se cerró el proceso de consulta al Consejo Escolar del Estado, con un resultado que quiero valorar como muy positivo”, ha explicado la ministra y portavoz del Gobierno al término de la reunión.

Celaá ha recordado que el Pleno del Consejo Escolar del Estado rechazó ayer alrededor del 80% de las enmiendas presentadas, “entre ellas, todas las que defendían el espíritu de la LOMCE”. Además, la ponencia de la Comisión Permanente fue aprobada por el Pleno, que rechazó, a su vez, el único informe alternativo contrario al proyecto del Gobierno que se presentó.

“Por lo tanto, el Consejo Escolar del Estado, que es la primera vez que vota en Pleno esta reforma, ha manifestado su claro apoyo al proyecto. Y el ministerio ha aceptado, a su vez, 71 enmiendas que, a nuestro juicio, pueden enriquecer el texto”, ha resaltado la ministra. En cuanto a todo el proceso de tramitación del anteproyecto, Celaá ha destacado que se ha realizado “con un amplio debate social”.

Una ley moderna y adaptada al estudiante

La ministra de Educación y FP ha resaltado tres principios clave de esta reforma educativa: el refuerzo de la educación infantil, la transversalidad de la coeducación y la personalización del aprendizaje.

La nueva ley afectará a algo más de 8 millones de estudiantes, a 700.000 docentes y a 28.000 centros educativos de todas España. El anteproyecto es respetuoso con la Constitución, y respeta tanto las competencias del Estado como las competencias de las comunidades autónomas, estableciendo que un 55% de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial.

La nueva norma elimina los itinerarios de la ESO (siguiendo las recomendaciones de la OCDE), refuerza la educación comprensiva en esta etapa y mejora la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje.

Además, garantiza la obtención de un título único al final de la ESO, tanto del alumnado que haya cursado 3º y 4º de la ESO a través de programas de mejora de oportunidades, como desde la FP Básica.

Otro rasgo de la nueva ley es la flexibilidad, sobre todo en el Bachillerato. Seguirá siendo de dos años pero los estudiantes que hayan finalizado primero con más de dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso completo, sino solo las materias pendientes. El objetivo es motivar a los alumnos para que continúen en el sistema, sobre todo los que están en situaciones socioeducativas más complejas.

Otro de los retos es la disminución del índice de repetición. España tiene la cifra más alta de alumnos repetidores en programas generales de Educación Secundaria Inferior de todos los países de la OCDE. El anteproyecto contempla que si el estudiante debe repetir, la decisión tiene que adoptarse de manera colegiada por todo el equipo docente y si el alumno o alumna finalmente repite, lo hará con un plan individualizado de repetición, cuyo seguimiento realizará un docente del centro. En Bachillerato, el modelo propuesto de compensación de una materia pendiente es excepcional, será adoptado por el equipo docente en conjunto e implica el cumplimiento de unos requisitos previos. Es un modelo semejante al que existe en países como Francia o Reino Unidos y una práctica habitual en el Bachillerato Internacional.

En cuanto a la Religión, el anteproyecto se atiene a los acuerdos firmados con la Santa Sede. Seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado. La nueva ley no establece una asignatura espejo como alternativa a la Religión.

Respecto a la asignatura de Valores cívicos y éticos, se impartirá en un curso tanto de la Educación Primaria como de la ESO y de forma transversal habrá contenidos de la asignatura en todas las materias.

El anteproyecto pretende restaurar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros, estableciendo un equilibro entre sus representantes en los Consejos Escolares y dándoles una mayor responsabilidad en la elección del director o directora y la gestión y evaluación de los centros escolares.

También se realizarán evaluaciones de diagnóstico para mejorar la calidad y la cohesión del sistema educativo. Una será en el último curso de Educación Primaria y otra, en el último curso de la ESO, con carácter muestral y plurianual.

Por último, en cuanto al tratamiento de las lenguas cooficiales, la propuesta trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el aprendizaje del castellano con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad. Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación básica con el nivel adecuado para expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua. Además, la nueva ley contempla que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas –el castellano y la lengua cooficial–, sea objeto de un análisis permanente por parte de los centros, lo que permita detectar y corregir las disfunciones en su aprendizaje.

Tras las aportaciones del Consejo Escolar del Estado, de las comunidades autónomas y de las organizaciones sociales y educativas se incorporarán modificaciones al anteproyecto, que estará listo dentro de unas semanas para su presentación al Consejo de Ministros, donde será aprobado como proyecto de ley e iniciará su tramitación parlamentaria. “Con todas las aportaciones recibidas, nos va a ser posible elaborar un proyecto realmente completo, moderno, realista y ambicioso”, ha concluido la ministra.

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